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QUERELLA POLICIAL – AUDIENCIA PÚBLICA EAAB CONTRA CAMPAMENTO

Por tercera vez convocamos a toda la comunidad, colectivos ambientales, medios de comunicación alternativa y organizaciones sociales para que nos acompañen en la diligencia de la Audiencia Pública notificada por querella de policía No. 2021-421- 042365-2 el día 26 de marzo, para definir el caso de la defensa del HUMEDAL TIBABUYES por parte del Campamento por la Vida y el Territorio que está en contra de las obras ilegales que adelanta la EAAB sobre este ecosistema.

En esta Audiencia Pública se determinará la presunta ocupación ilegal del espacio público por parte de la protesta legitima por la vida y el territorio, así como determinar el derecho de uso y goce que alega el Acueducto sobre predios que no son de su propiedad. Recordamos que el Campamento Permanente de Resistencia Ambiental que se levantó hace más de 6 meses en el tercio alto del Humedal Tibabuyes es una legítima protesta pacífica, debido a la ejecución de los contratos de obra violatorios de las normas ambientales, así como la corrupción en la ejecución de los mismos.

Además, dentro de la legislación colombiana se contempla la libertad de asociación, el ejercicio de veeduría ciudadana y la participación en las decisiones que afecten el medio ambiente. Por lo cual, aclaramos a la opinión pública que este es un ejercicio amparado en la constitución política y que en ningún momento puede considerarse una ocupación ilegal del espacio.

Actualmente, las obras de la EAAB sobre el HUMEDAL TIBABUYES están adelantadas en un 70% con especial avance durante el periodo de confinamiento estricto, que antes del Decreto Nacional iban en un 20% y en solo 6 meses avanzaron más de la mitad de su ejecución. El avance en estas obras es responsabilidad de la actual Administración Distrital, por lo cual, se puede pensar que, contando con las herramientas jurídicas para su suspensión, prefirió seguir con el «mandado» de su mentor.

Por lo anterior, es importante mencionar que el pasado lunes 3 y 10 de mayo se llevaron a cabo dos mesas ciudadanas entre la EAAB, la Alcaldía Local de Suba, los integrantes del Campamento y la comunidad. En dichas reuniones, el Acueducto se comprometió a hacer una visita de campo con las entidades de control para revisar el impacto ambiental. No obstante, ese último día de negociación, la EAAB desistió del recorrido y de continuar con las mesas de diálogo, sin dar razones, demostrando que no tiene una real intención de responderle a la comunidad afectada con este proyecto.

Adicionalmente, es necesario agregar que en estas reuniones se corroboraron al menos tres indicios graves:

a. Las obras se encontraban suspendidas desde octubre del 2020 aun así el Acueducto continuó ejecutando obras de forma irregular.

b. En la parte donde se ubica el Campamento no se cuentan con las licencias para estas obras que van en contravía de las normas urbanísticas.
c. Hay partes del Sendero que están dentro de las zonas de Ronda Hidráulica y esto va en contra de la normatividad ambiental.

A pesar de estos hallazgos, en su afán de continuar con las obras, la EAAB nos adelantó la fecha de la querella para el día 14 de mayo. Sin embargo, el personero delegado para asuntos policiales del Ministerio Público Mario Andrade Zarate solicitó la nulidad de la Audiencia Pública citada por parte de la Inspectora de policía 18, teniendo en cuenta que esta nueva citación era irregular jurídicamente, ya que las condiciones materiales de salud y orden público no habían cambiado. Por lo que se puede pensar que hubo presiones por parte del Acueducto, en especial de Javier Sabogal, gerente ambiental de la EAAB y de la alcaldesa Claudia López pasando por encima del debido proceso, haciendo caer a la funcionaria en un presunto prevaricato por exceder sus funciones sin contar con fundamentos fácticos ni jurídicos para adelantar la diligencia de la querella.

Igualmente, denunciamos que la señora Sandra Samacá, asesora de la gerencia general de la EAAB una vez anulada la Audiencia amenazó directamente a uno de nuestros compañeros diciéndole «en juego largo, hay desquite«. Por lo que resulta evidente el afán de terminar las obras pasando por encima de la comunidad. Así como la Alcaldía Mayor de Bogotá que le importa es cuidar los negocios de su mentor, y no la vida y el equilibrio ecológico, dejando ver claramente el sentido de la «Bogotá Cuidadora».

Por otra parte, de efectuar esta querella y darle la razón a la EAAB sobre el motivo del querellante y no a la comunidad queriente del Humedal Tibabuyes, la posibilidad que se reanuden los contratos de ejecución para completar las obras es perentorio, ya que el Acueducto tomó la decisión de llevar este caso hasta las instancias judiciales sin espacio para la negociación y sin tener en cuenta las propuestas de la comunidad acerca de una alternativa urbanística más amigable con el medio ambiente.

Cabe recordar que casos como el del conjunto residencial «Fontanar del Río» en el Humedal Conejera, en el que la Administración de la época no tuvo en cuenta a la comunidad, sino intereses familiares y ejecutó obras dentro del Humedal, y aunque en las instancias jurídicas la comunidad ganó en primera instancia, el edificio se construyó. Siendo un monumento a la impunidad y el populismo ambiental, de ahí nuestra legitima preocupación por esperar los tiempos jurídico-administrativos con fallos que resultan siendo un saludo a la bandera.

Finalmente, hacemos responsables a la Alcaldía Mayor en cabeza de Claudia López, a la EAAB, en especial a Javier Sabogal, a Sandra Samacá y a Milton Rengifo, sobre cualquier acto de violencia en contra de las personas que adelantamos la protesta pacífica y planteamos el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial POT y el Plan de Manejo Ambiental PMA con educación ambiental, sin generar mayores afectaciones al ecosistema.

Cordialmente,

Campamento por la Vida y el Territorio